La reciente Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica define el estatuto de persona consumidora vulnerable, incluyendo a las personas con discapacidad, ¿en qué se basa a su juicio esa vulnerabilidad?

 

Lo que hemos hecho con la ley, que modifica la ley general de protección a consumidores y usuarios para incluir el estatuto legal de la persona consumidora vulnerable, que era una laguna del ordenamiento jurídico, es introducir la definición de esta figura para que así se puedan realizar por parte de los poderes públicos políticas de protección especial a estas personas consumidoras vulnerables. Lo definimos como todo aquel que, en una concreta relación de consumo, por determinadas características, relaciones o circunstancias, se encuentra en una posición de desigualdad con respecto a la otra parte contratante. 

 

En una relación de consumo cualquiera puede encontrarse en una situación en la que sus circunstancias le impidan acceder con igualdad a esa relación de consumo... Tradicionalmente la vulnerabilidad se ha vinculado con cuestiones económicas, pero en consumo la vulnerabilidad puede venir por la edad, como es el caso de niños y niñas, pero también de personas mayores, como les ocurre con la banca; esa vulnerabilidad también puede ser por el lugar de residencia, como pasa con la España vaciada; por tener una circunstancia de salud, como les ocurre por ejemplo a las personas alérgicas, y por discapacidad. 

 

Por primera vez en la historia de este país, se establece en el ordenamiento jurídico la inclusión del Braille al etiquetado de productos de consumo, ¿Cómo se ha llegado a esa inclusión tan importante para el sector de la discapacidad?

 

Esto podemos ponerlo como ejemplo de una buena práctica de colaboración entre las autoridades del Estado. Cuando se tramitó la reforma legal en el Congreso, y después en el Senado, a raíz de una petición expresa del CERMI, se trasladó a los grupos parlamentarios la posibilidad de introducir una enmienda que recogiera el mandato para que el Gobierno en el plazo de un año establezca un reglamento mediante el cual se regule el etiquetado en Braille y otras formas de accesibilidad a la información esencial de un producto. Todos los grupos parlamentarios trabajaron muy bien, y finalmente se aprobó. 

 

En este sentido, desde el Ministerio de Consumo hemos empezado ya a trabajar y hemos tenido unas primeras reuniones con CERMI y Fundación ONCE, que son las entidades expertas y reconocidas en la materia, para empezar a trabajar junto con la Dirección general de Derechos de Personas con Discapacidad, e intentar llegar al plazo apurado de un año y tener un decreto que permita eso, la accesibilidad, bien en el etiquetado en Braille, bien en otras formas que las entidades consideren oportunas para determinados bienes que se consideran imprescindibles.

 

Agradecemos al CERMI y a la ONCE el trabajo que han hecho llevándonos, tanto al Gobierno como al Parlamento, a coincidir con la aprobación de esta disposición adicional que para nosotros supone más trabajo, evidentemente, pero creo que además puede hacer líder a España en normativa sobre etiquetado accesible. 

 

¿Qué destacaría de ese futuro desarrollo como puntos fundamentales?

 

Es una cuestión muy compleja, tanto técnica como jurídicamente, pues todas las cuestiones que tienen que ver con etiquetado deben ir reguladas por normativa europea ya que afectan a todos los productos del mercado europeo y en principio vamos a trabajar de forma más sigilosa y pedimos unos meses de trabajo interno para luego poder presentar. Estamos todavía en la fase inicial de delimitar e ir desbrozando las complejas cuestiones, técnicas y jurídicas de la norma. 

 

La accesibilidad universal es indispensable para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos de las personas con discapacidad y, por tanto, debe figurar de manera transversal en la norma.

 

Efectivamente, es clave la transversalidad de la accesibilidad en las normas que se aprueban, y en la obligación del etiquetado en Braille nos parecía importante, para dar mayor visibilidad y relevancia a esta cuestión, introducirlo en una disposición adicional de una ley que recoja una obligación al Gobierno. 

 

En esta misma Ley las personas con discapacidad aparecen como destinatarias, junto a las personas mayores, de las nuevas medidas en favor de la inclusión financiera, para eliminar la discriminación que sufren estos grupos en el acceso a este tipo de servicios, en especial, a los bancarios, ¿ha sido el clamor popular en este caso el artífice de esta conquista?

 

El clamor popular y la Plataforma de Mayores y Pensionistas son lo que han dado luz a una demanda que se venía gestando desde hace tiempo, tanto por los poderes públicos, que venían llamando la atención cada uno en nuestro ámbito competencial sobre lo que estaba sucediendo, como por asociaciones de consumidores, y afortunadamente ha habido un momento en que todo ha confluido, también la sensibilidad del Gobierno para recoger estas cuestiones, y ya se están poniendo en marcha algunas de ellas.

 

Sin ir más lejos, el 5 de abril el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, y es muy importante porque hasta la fecha, cuando se interponían reclamaciones de usuarios de entidades bancarias y financieras ante el Banco de España, las resoluciones del Banco de España no eran vinculantes, pero ahora va a ser una autoridad independiente, de protección del cliente financiero, y sus resoluciones van a ser vinculantes para los bancos. En segundo lugar, en breve también vamos a trasladar, desde el ministerio de Consumo, y desde el Consejo de ministros, un anteproyecto de ley de protección de servicios de atención a la clientela donde también la accesibilidad y las cuestiones relativas a personas mayores van a estar en el resto de grandes empresas, no solo en las entidades financieras. 

 

Todos hemos sentido que a veces las reclamaciones o quejas ante la compra de un producto determinado son complejas desde el punto de vista logístico, técnico, muchas veces por teléfono, sin atención de una persona directamente, y entendemos que esto es básico para las personas mayores, y no solo para ellas; vamos a incluir la obligatoriedad de que, en los servicios de atención al cliente, cuando una persona considera necesario ser atendido por otra persona, sea así. 

 

Toda esta nueva normativa obligará sobre todo al sector empresarial a adaptar productos y servicios, ¿qué se puede hacer desde el poder legislativo para comprometer a este sector?

 

Creo que una buena parte del sector empresarial está ya comprometido. Muchas grandes empresas del sector de la distribución, de grandes supermercados, tienen un alto grado de accesibilidad o de adaptación de sus productos y servicios a personas consideradas vulnerables. Lo que tenemos que intentar hacer, es nuestra obligación desde el ministerio de Consumo, es por un lado trabajar para conseguir que la adhesión de las grandes empresas y de las grandes compañías sea voluntaria, que la adaptación a la accesibilidad universal sea rápida y vayamos avanzando pasos en ese camino y, por otro lado, establecer una normativa básica horizontal, unos criterios mínimos de calidad, que deban ser respetados por todas las empresas, sobre todo por las que prestan servicios esenciales. También en la línea de lo que establece la directiva y la normativa europea, que es clara, y es un mandato a todos los Estados de la Unión.

 

El sector de la discapacidad se muestra satisfecho por toda la normativa que se ha ido aprobando en los últimos años, sin embargo, reclama un mayor cumplimiento de la misma, ¿de qué manera cree que se puede favorecer ese cumplimiento?

 

Creo que ya existe un compromiso y la voluntad es clara e inequívoca; en todas las reuniones que he mantenido con diferentes sectores no he encontrado a nadie reacio, lo que tenemos que ajustar son los tiempos, los tiempos de transición, los tiempos de transitoriedad, de entrada en vigor, etc. Es perfectamente lícito y legítimo, y debe ser así, que las asociaciones de consumidores, las asociaciones de protección de derechos de personas con discapacidad, las asociaciones de padres y madres de alumnos, intenten tirar cada vez más y vayan marcando el camino al resto de los sectores, y nosotros tenemos que hacer como hemos hecho en este caso, con la normativa de protección de sectores vulnerables; lo que es cierto es que los tiempos hay que ir ajustándolos, sobre todo en momentos tan complicados como los que nos ha tocado vivir ahora. 

 

¿Cómo valora el hecho de que la sociedad civil, representada en este caso en las organizaciones de la discapacidad y de los mayores, incida políticamente hasta lograr cuestiones como las que comentamos?

 

Muy positivamente y no puede ser de otra forma. Los cambios normativos vienen a través de cambios sociales, impulsados fundamentalmente por movimiento sociales. Ahora soy secretario General de Consumo y Juego, pero al margen de esta situación coyuntural, soy profesor de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, y eso es una constante en la historia moderna, que los cambios normativos, sobre todo los avances en derechos, vienen motivados por demandas sociales. Es el camino a seguir, porque es lo que permite que las decisiones políticas y jurídicas tengan legitimidad social, porque son actuaciones que se deben a un cumplimiento de derechos humanos que es exigible.

 

Precisamente el CERMI reclama un enfoque social de todas las políticas, como pueden ser las que ahora se desarrollan bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alegando que, si el desarrollo no es social, no es sostenible. 

 

Lo social es un hilo que va uniendo todas las medidas, no cabría una transición ecológica si no va unida de una transición social, esto es imprescindible, lo contrario lleva a un proceso más paralizante en el que se deja a mucha gente atrás. Es lo mismo que ocurre con la transición digital, que se produce y se impulsa desde las instituciones europeas, no puede ser una transición completa si las personas, especialmente las más vulnerables, no son partícipes de la misma. Lo mismo sucede con el consumo, que en el fondo refleja también un modelo social y esto debe ir por encima porque lo que estamos haciendo lo hacemos bajo un enfoque de derechos humanos; estoy de acuerdo con el CERMI.

 

Nuestra forma de consumo también es una forma de producción. Si nosotros optamos por consumir, por ejemplo, productos frescos, de proximidad, en el fondo estamos haciendo un modelo de producción más sostenible. Sostenibilidad, salud y avances sociales deben ir por ese camino, de la mano, porque si no, no alcanzaremos el objetivo final.